Nelson Pereyra | Larga duración
[email protected]
De manera inédita en la historia republicana, en una sola semana dos expresidentes —Martín Vizcarra y Pedro Castillo— fueron sentenciados por el Poder Judicial. Vizcarra recibió 14 años de prisión por sobornos vinculados al proyecto de irrigación Lomas de Ilo y al hospital de Moquegua, mientras que Castillo fue condenado a 11 años por el fallido golpe de Estado del 2022. Ambos cumplen prisión en el penal de Barbadillo.
Estas condenas se suman a las de Alejandro Toledo y Ollanta Humala —por casos vinculados a Odebrecht y lavado de activos respectivamente— y a los juicios que enfrentó Alberto Fujimori por corrupción y violaciones a los derechos humanos. Pedro Pablo Kuczynski continúa procesado por lavado de activos y Dina Boluarte acumula múltiples denuncias, varias archivadas por el Congreso. A ello se agregan los procesos no concluidos contra Alan García, por su muerte, y contra Manuel Merino, cuya denuncia fue también archivada por el Congreso. Este último fue acusado por las muertes de Bryan Pintado e Inti Sotelo.
Oscilaciones en América Latina: de izquierda a derecha y viceversa | Opinión
Así, casi todos los presidentes de los últimos 40 años han enfrentado graves acusaciones. Este escenario, bastante particular, genera una mezcla de optimismo y preocupación.
Optimismo, porque muestra que el Poder Judicial —pese a sus limitaciones y cuestionamientos— ha logrado procesar y condenar a quienes ocuparon la más alta magistratura, algo poco común en Latinoamérica. Las sentencias representan, al menos parcialmente, un avance en la lucha contra la corrupción y la impunidad, aunque contrastan con la lentitud y corrupción que afectan al grueso de los procesos judiciales, lo que revela un funcionamiento desigual y frágil de la justicia peruana.
Sin embargo, estos casos también evidencian un patrón inquietante: la normalización de conductas ilícitas en la presidencia de la República. Ya no se trata solo de promesas incumplidas, sino de prácticas ilegales, vínculos con redes corruptas, o de decisiones que vulneran derechos fundamentales. Se trata de jefes de Estado que, lejos de defender los intereses de la nación, han actuado en su perjuicio.
La preocupación se agrava porque los presidentes son referentes para autoridades de menor rango. Si el máximo cargo del Estado incurre en prácticas anómicas y antiéticas, se abre la puerta para que gobernadores, alcaldes y funcionarios repliquen esas conductas. A la inversa, un liderazgo honesto puede contribuir a revertir la corrupción que asfixia al Estado.
Lo más grave es que esta tendencia no ha retrocedido desde que el régimen fujimorista instaurara una maquinaria de sobornos que contaminó a todas las instituciones. Según el historiador Alfonso Quiroz, el Perú ha atravesado ciclos de alta corrupción que duran alrededor de una década y se caracterizan por la captura desenfrenada del Estado a cargo de camarillas corruptas que ocasionan un costo de 4 a 7% en el PBI. El fujimorismo representó uno de estos picos, que en teoría debió haber terminado hace años. No obstante, los hechos recientes sugieren que esa etapa no solo persiste, sino que amenaza con hacerse permanente.
Y lo más lamentable es que la profundización de este problema es causada por quienes están llamados a combatirlo: nuestras más altas autoridades. Si no logramos revertir esta tendencia, la normalización de la corrupción en la presidencia seguirá erosionando las bases de nuestra democracia y debilitando la confianza ciudadana en el Estado.
