mototaxis y motos lineales, que según adujo, representan una competencia desleal y “operan con la anuencia del Gobierno Regional y la Municipalidad de Huamanga” (Diario Hocicón 25.10.21).
Dijo también que el paro era contra la Ordenanza Municipal N° 021-20, porque la tabla de sanciones que contiene es “desproporcionada”. Finalmente, y en cuanto al costo del pasaje urbano dijo que “cada empresa es libre de cobrar su propia Tarifa” (Diario Jornada 25.10.21).
Según los citados medios de comunicación, a este paro se sumaron los trabajadores del mercado Las Américas, los gremios de motos lineales y el frente de defensa del pueblo de Ayacucho.
Con estos antecedentes, se desarrolló el mencionado paro el día 25 de octubre y continuó el 26, caracterizándose por el extremado uso de la violencia.
En efecto, dicho paro fue impuesto prácticamente a la fuerza, con violencia y vandalismo y produjo bloqueo de carreteras, cierre de mercados, quema de llantas y agresiones de todo tipo a particulares que nada tenían que hacer con el paro y otros desmanes que se desarrollaron sin control alguno, prácticamente en toda la ciudad.
Las medidas de fuerza como las huelgas y paros, gozan de protección legal; sin embargo, se desnaturalizan y pierden su finalidad cuando se convocan y realizan como el paro que comentamos, pues éste además de contener un pliego de reclamos incoherente y contradictorio en sí mismo, agrupó a transportistas formales e informales, se dirigió contra una ordenanza municipal que pretende poner un mínimo de orden al infernal transporte público de nuestra ciudad y dio carta blanca a que los transportistas, cobren la tarifa que crean conveniente, sin respetar lo acordado con la Municipalidad, todo lo que representa en suma, que se imponga la “ley de la selva” en el transporte público.
Y lo peor, y seguramente por la incoherencia programática señalada, imponer el paro a la fuerza, mediante el uso de la violencia, la intimidación y la agresión, lo que descalifica a sus convocantes y deslegitima sus reclamos, debiendo en estos casos, intervenir la fuerza pública y el Ministerio Público, con el máximo rigor.
Por ello, sería saludable un mínimo de coherencia y responsabilidad, pues de lo contrario, estos gremios no tendrán autoridad alguna para denunciar que se está criminalizando la protesta pública, pues ellos mismos lo estarían provocando, con el uso de la violencia a la que nos referimos.
Mientras tanto, el transporte público en Huamanga, cada día peor, a la deriva y sin rumbo y en lo que contribuyen tanto los gremios que dicen representar a los transportistas como la autoridad de transporte regional y municipal.
Ayacucho, Noviembre del 2021
