Los delitos que mayormente se cometen vía esta modalidad son el tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas, lavado de activos, corrupción administrativa y privada, delitos contra el medio ambiente como la minería ilegal, delitos de alta tecnología y financiamiento del terrorismo, entre otros.
La corrupción, ha invadido la administración pública, al empresariado, a los partidos políticos y aún a las Universidades; existe una sensación de incertidumbre, de vacío, de colapso social e institucional.
Es en este contexto, y cuando se ha puesto de manifiesto el avance de la criminalidad organizada como poder paralelo y oculto, que puede interferir, influenciar o determinar aspectos neurálgicos de la economía, la política y el desarrollo de nuestro País, que se ha dado la ley 30077 o Ley Contra el Crimen Organizado del 26 de julio del 2013, que introduce también la modalidad procesal de la colaboración eficaz, prevista en el Art. 472 y siguientes del Código Procesal Penal; y, que consagra la delación como mecanismo eficaz para combatir el crimen organizado.
Este nuevo instrumento procesal se expresa, cuando una persona, sometida o no a una investigación o proceso penal o que ha sido condenada y que se ha desligado de la actividad criminal, se presenta ante el Fiscal para proporcionar información útil a cambio de obtener beneficios prémiales, como la exención de la pena, remisión de la pena, reducción de la pena o suspensión de su ejecución.
Su aplicación, ha dado resultados positivos y ha permitido en estos últimos años, conocer la identidad de los partícipes y las modalidades empleadas en casos emblemáticos como los de Odebrecht, Lava Jato, cuellos blancos, magníficos ediles, entre otros.
Sin embargo, cuando desde el Ministerio Público se proponía una serie de medidas para fortalecer la colaboración eficaz, en enero del presente año, la Comisión de Justicia del Congreso de la República, con mayoría ostensible de los partidos políticos Fuerza Popular y Perú Libre, en una coincidencia que dice mucho, ha aprobado por unanimidad un dictamen para modificar el Código Procesal Penal, mediatizando la colaboración eficaz, estableciendo trabas, plazos de imposible cumplimiento y sanciones para los casos en los que se filtre la información brindada.
Este dictamen que ha sido aprobado contra la opinión técnica del Ministerio Público y del Poder Judicial, es una peligrosa arremetida contra los intentos de frenar la corrupción no sólo de la administración pública sino de la empresa en general; es una iniciativa legislativa que favorece el crimen y fomenta la impunidad.
Frente a ello, las facultades de derecho, los Colegios de Abogados y en general toda la población, deben estar atentos y exigir que el pleno del Congreso no permita este manto de impunidad a la corrupción.
Ayacucho, Marzo del 2022
