Mario Zenitagoya | Otra Mirada
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Este 26 de enero de 2926 se conmemora los cuarenta y tres años del asesinato de 8 periodistas y un guía, sobre este trágico hecho la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) concluyó que la masacre de Uchuraccay (1983), donde murieron periodistas y comuneros, fue un trágico enfrentamiento de “mundos sociales” en conflicto, producto de la violencia del PCP-SL y la estrategia estatal de “guerra sucia”, con encubrimiento judicial y militar, y que evidenció la falta de comprensión del Estado hacia las comunidades andinas que formaron comités de autodefensa (CADs) contra la subversión, como Uchuraccay.
El antropólogo y docente de la PUCP Mario Cépeda Cáceres, en un análisis de lo acontecido manifiesta que “las grietas que ocasionaron las muertes del 26 de enero de 1983, así como aquellas que las antecedieron y las que ocurrieron posteriormente, siguen presentes en el Perú; de igual manera las lecturas monolíticas y exotizantes sobre la población campesina y rural. La pobreza y exclusión, la anulación —física o social— del otro como forma de acción política, el uso de la fuerza contra la población civil, la muerte y la violencia, son lastres que aun el Perú arrastra. La CVR propuso una ruta para construir un proyecto nacional que, partiendo de conocer y hacer justicia sobre el pasado, permitiera una sociedad más justa para toda y todas. Lamentablemente, este horizonte sigue siendo distante”.
Agrega que “esta reflexión resulta más necesaria que nunca frente a la grave crisis que vivimos en el Perú desde diciembre del año pasado. Nuevamente, estamos siendo testigos del retroceso de la democracia y el estado de derecho. La Defensoría del Pueblo (2023) ha definido así esta situación: una pérdida de “sensibilidad para valorar la vida; entonces, se la expone o se la ataca sin considerar su condición de única e irrepetible. La muerte de personas en protestas no es “costo social”, ni “daño colateral”. Es una afectación irremediable que sume en un dolor profundo a las familias, y profundiza las grietas emocionales y culturales entre todos nosotros”[2]. Pareciera que la muerte, a pesar de todo, sigue siendo una manera de vincularnos en el Perú; una macabra práctica que no hemos podido erradicar de nuestra comunidad política. Así, y a propósito de aquel fatídico enero de 1983, cabe reflexionar sobre las lecciones que en cuatro décadas de historia no hemos logrado aprender y que el día de hoy marcan el triste saldo de 58 peruanos y peruanas fallecidas en menos de 60 días”.
La historiadora Cecilia Méndez explica cómo la matanza de los ocho periodistas en Uchuraccay fue el punto de partida de su investigación y análisis sobre un estado republicano en ciernes dentro de la sociedad rural. Extracto del libro de ‘La República plebeya: Huanta y la formación del estado peruano, 1820-1850’, de lectura muy recomendable en tiempos de reflexión.
“En el clima de diálogo propiciado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), los pobladores de Uchuraccay admitieron su responsabilidad directa en la muerte de los periodistas. Pero estuvieron lejos de avalar los argumentos “culturales” del informe de la Comisión Vargas Llosa, que insistía en una supuesta disposición innata de los campesinos a la violencia, la misma que habría sido, a su vez, resultado del “aislamiento” en que supuestamente habían estado viviendo desde los “tiempos prehispánicos”. Por el contrario, los comuneros aludían a hechos recientes. Refirieron que la mayoría de los pobladores de Uchuraccay estuvieron convencidos, en efecto, de que los periodistas eran senderistas, principalmente por haber identificado como tal al guía que venía con ellos, a quien finalmente también asesinaron. Al momento de llegar los periodistas, añadieron, los comuneros ya estaban en guardia frente a Sendero, que en los últimos meses e incluso semanas había dado muerte a varias personas que se negaban a cumplir con sus dictados en Uchuraccay y en las comunidades vecinas. De singular gravedad resultaron ser las muertes cruentas que sufrieron las autoridades comunales, a quienes los senderistas ejecutaron en algunas ocasiones dinamitando sus cuerpos, en sus llamados “ajusticiamientos populares”.
Los comuneros, en una palabra, habían comenzado a tomar la justicia por sus propias manos, administrando sanciones severas que incluían la muerte contra los sospechosos de senderismo dentro y fuera de su comunidad; en ello fueron acompañados por otras comunidades de altura de Huanta que se negaban igualmente a someterse a los dictados de la agrupación maoísta. Los comuneros de Uchuraccay que dieron cuenta de estos hechos se disculparon en nombre de su comunidad en el contexto de las audiencias públicas llevadas a cabo por la CVR. Al mismo tiempo, sin embargo, denunciaron, por primera vez enfáticamente, que en los meses siguientes a la masacre de los periodistas su comunidad fue víctima de severas represalias por parte de Sendero Luminoso y en menor grado de los militares. Entre abril y diciembre de 1983, 135 uchuraccaínos perdieron la vida. La mayoría cayó víctima de Sendero. Otros fueron asesinados por los militares. Entre los primeros, según se informa, estuvieron todos los comuneros que tomaron parte en la muerte de los periodistas. Una lista con los 135 nombres se hizo pública por la CVR, dejando a la comunidad nacional, que hasta entonces había identificado la “tragedia de Uchuraccay” con la muerte de ocho hombres de prensa, con mucho en qué reflexionar.
