Los cambios climáticos, la temporada inusual de lluvias, granizadas y vientos huracanados, así como nevadas en las zonas alto andinas, llevaron a las autoridades nacionales a declarar muchos distritos y provincias en emergencia climática.
Hasta ahí parece una buena reacción de parte del gobierno nacional. Pero, como ha señalado el presidente de la FADA, nada se soluciona si previamente no se dispone de un presupuesto para atender a los damnificados.
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Los daños que ocasionan los fenómenos climáticos son múltiples y se requiere presupuesto para atender las necesidades que se presentan. Lo primero, es atender directamente a los damnificados: las familias que han perdido sus viviendas y tierras cultivables por las crecidas de los ríos o la activación de las quebradas; los cultivos destruidos por las granizadas; y, las carreteras, trochas carrozables y caminos vecinales intransitables.
En un segundo momento, los daños cuantificables de las pérdidas ocasionadas a los agricultores, comerciantes y transportistas, así como a las personas relacionadas con estas actividades, también afectadas.
Pero nada de eso se puede atender si no existe un presupuesto con nombre propio: para contingencias climáticas y de otros factores que siempre se debe tener a la mano, ya que además pertenecemos a al círculo de fuego del pacífico, es decir, somos una zona sísmica.
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¿Con que presupuesto se cuenta para atender estas contingencias? No se conocen los montos, ni siquiera aproximadamente, y esto es lo lamentable. Sin dinero, la declaración del estado de emergencia es un saludo a la bandera.
Es necesario que las poblaciones y sectores económicos afectados por los problemas climáticos, hagan llegar a las autoridades de los sectores relacionados con actividades afectadas por estos desastres, una información preliminar, exigiendo ser atendidos.
Esta es una demanda urgente y no puede haber ninguna excusa para no atenderse. Las municipalidades de la región, deben preparar informes de las familias y las tierras afectadas en coordinación con la dirección regional sea agraria o de vivienda, según sea el caso.
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También las autoridades locales tienen que interesarse por el estado de las carreteras, trochas carrozables, caminos vecinales, que unen a sus pueblos con la capital regional, donde esta en gran medida el mercado para los productos que salen a la capital regional o llegan de ella a sus provincias y distritos.
Ya es tiempo de decirle al gobierno nacional: atiende las emergencias de Ayacucho. Y exigir que los alcaldes también hagan esta demanda. Del gobierno regional, no esperemos nada.
