Tres alcaldes y una decena de funcionarios y empresarios detenidos y sus viviendas allanadas en la madrugada. Son presuntos delincuentes que han convertido a la política en organizaciones criminales.
Pero ellos no son los inventores de la pólvora. Son aplicados alumnos de “políticos” nacionales, quienes dieron cátedra de como robar al estado y hacerse millonarios. No por gusto, uno de ellos, lo dijo con toda su lucidez: “la plata llega sola”.
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Claro que llega, desde las cuentas de malos empresarios, que se dedica a financiar campañas, para luego hacerse de las licitaciones. Las obras son el pago del dinero que han invertido en una o dos candidaturas y algunos van más allá: invierten en todas.
Este es el cuadro que se ha descubierto en algunos distritos de Ayacucho. Y es posible que existan en más distritos y lo que balta, que algún honesto funcionario entregue por lo menos la primera pista para desenredar la madeja de estas organizaciones criminales.
La corrupción en el Perú viene desde la época de la colonia, cuando en el modelo español de la administración pública, compraban los puestos, especialmente los destinados a la recaudación de los diversos impuestos para la corona española.
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Eso lo hemos heredado. Pero no para comprar los puestos, sino para acceder al poder a través de varios mecanismos. Y el más recurrente, es el financiamiento de las campañas electorales, donde la capacidad gasto de un candidato, solo se explica con aportes, de dinero limpio y sucio.
¿Dinero limpio y sucio? Por supuesto que hay un dinero limpio, que es mínimo y es la ayuda que puede obtener el candidato de familiares, amigos y de personas que confían en el programa de su campaña electoral.
Lo que abunda es el dinero sucio. El de las prebendas: apoyo a cambio de las obras que se van ejecutar. Apoyo como una forma de lavado de dinero: procedente del narcotráfico, tala ilegal y la corrupción.
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El resultado de todo esto, es lo que nos enteramos por las noticias publicadas en los diarios: alcaldes y funcionarios investigados por corrupción y que tienen que enfrentar allanamientos de sus domicilios y oficinas, y detenciones preliminares.
Lo que viene después, se ha vuelto parte de la política nacional: desde presidentes de la república, gobernadores regionales, alcaldes provinciales y distritales, todos ellos con carpetas fiscales y algunos ya con sentencias de 10 a 20 años de carcelería. Esto es el Perú.
