Sin embargo, al margen de los justos reclamos de la población, existen sectores de la derecha que pretenden instrumentalizar y desnaturalizar la protesta para fines políticos y con tal objetivo financian, azuzan y siembran el disturbio en las ciudades y carreteras del país.
No podemos permitir que se nos utilice como peones en el tablero de ajedrez de los poderosos, y si queremos que cambien verdaderamente las cosas, debemos exigir cambios estructurales que pasan por una reforma total de la Constitución.
Tenemos hoy la oportunidad histórica de que esta lucha en las calles se canalice como el preludio de la convocatoria de una asamblea constituyente que pueda darnos una Constitución a la altura de las circunstancias, rompiendo con las ataduras monopólicas que nos impiden tener una verdadera economía social de mercado.
Con ello, estaremos respondiendo a la ultra derecha financista y política irresponsable que cree que puede manipular el derecho a la protesta como lo hace con la opinión pública.
Porque una vez iniciado este proceso social, donde el pueblo asume su soberanía del cual emana el poder del Estado, las consecuencias son impredecibles y los efectos no se pueden controlar.
Si decidimos hoy que el camino es la Asamblea Constituyente, la derecha financista cesará y desistirá inmediatamente de secundar la protesta porque su naturaleza conservadora lo llevará a tratar de proteger el status quo y con ello habremos logrado un doble triunfo político.
Evitando la estrategia de desestabilizar al país y avanzando en el anhelo de largo plazo de una nueva Constitución.
Por su parte, el gobierno no debe cruzarse de brazos, pensando que la Constitución vigente lo tiene atado de manos para intervenir el mercado.
Debe recurrir al principio de subsidiariedad que lo habilita en situaciones de escasez o falta de abastecimiento del sector privado a tomar un rol más activo en la economía, pasando de ser un árbitro a un agente temporal del mercado para asegurar la seguridad alimentaria de su población.
El problema no se soluciona con subsidios o exoneraciones tributarias que a la larga terminan en el bolsillo de las empresas proveedoras que no trasladan esa reducción al precio final al consumidor y por tanto, la medida se estanca en el libre mercado.
Sin el problema está en que no se puede controlar a los agentes económicos ni al precio que se genera de la oferta y la demanda, el Estado tiene que asumir su posición de proveedor subsidiario abasteciendo el mercado para incrementar la cantidad ofertada de ese producto, que al tener disponibilidad en el consumidor, podremos reducir la demanda generando en consecuencias la caída de sus precios.
Vivimos en tiempos donde se requiere medidas excepcionales para afrontar eventos extraordinarios, lo que en un futuro seguro se denominará la crisis de los 20 del siglo XXI.
Por tanto, la solución a este problema tiene que venir de varios frentes: de la población exigiendo la convocatoria a una Asamblea Constituyente que resuelva los problemas estructurales del Estado y del gobierno utilizando los mecanismos constitucionales que provee la Constitución vigente para garantizar la seguridad alimentaria, hagamos de esta fecha funesta del 5 de abril, un día que puedan rememorar con esperanza las futuras generaciones.
