Rudy Anyosa | Visión global
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Lo que viene ocurriendo en el distrito de San Juan Bautista no es solo un problema administrativo: es un síntoma de cómo se distorsiona el sentido de lo público en el país.
Se construyó un estadio con recursos del Estado. Para justificar la inversión, se habló de beneficiarios, de jóvenes, de deporte, de integración social. Se apeló, como siempre, al bienestar de la población. Los vecinos creyeron en esa promesa. Hoy, el estadio está terminado, pero no pueden usarlo.
La explicación oficial roza lo absurdo: el recinto debe reservarse para los campeonatos de la Liga Departamental de Fútbol, vinculada a la Federación Peruana de Fútbol (FPD). Es decir, una infraestructura financiada con dinero público termina, en la práctica, al servicio de una organización privada. ¿El argumento? Que el uso ciudadano podría malograr el césped.
Este razonamiento mercantilista es absurdo, no se construyen estadios públicos para proteger el grass, sino para servir a las personas, a los ciudadanos de a pie. Y si el uso intensivo deteriora la infraestructura, la solución es gestionarla mejor, no excluir a quienes financiaron su construcción.
El rol del Instituto Peruano del Deporte en este caso es, por decir lo menos, cuestionable. ¿A quién responde una entidad pública cuando toma decisiones de este tipo? ¿A la ciudadanía o a intereses particulares? Porque lo que se observa aquí no es un problema técnico, sino una decisión política: priorizar a unos pocos sobre muchos. Si los equipos de fútbol profesional quieren jugar sus partidos en estadios bien mantenidos, que alquilen estadios privados o que construyan sus propios estadios, como lo hacen los equipos de Lima. Hay que tener presente que el fútbol profesional es un negocio.
Esto no es un hecho aislado. Es parte de una forma de hacer gestión pública donde los proyectos se justifican con criterios sociales, pero se administran con lógica excluyente, como muchos grandes proyectos de irrigación. Donde el discurso habla de acceso, pero la práctica impone barreras.
Los ciudadanos de San Juan Bautista tienen razones de sobra para reclamar a las entidades correspondientes, como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de Prevención del Delito, entre otras. Y no solo por el uso de un estadio, sino por algo más profundo: el derecho a que lo público realmente pertenezca a los ciudadanos, no a unos pocos privados.
Ojalá este caso no se repita en futuras inversiones, como el nuevo estadio de Ayacucho, que costará más de 420 millones de soles. Porque si la historia se repite, volveremos a construir grandes obras para que la gente las mire desde afuera.
