Andrés Solari | Palabras de un mudo
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Siempre hemos hablado de la debilidad institucional de la sociedad civil peruana que facilita la creciente insensatez y discapacidades de nuestras autoridades en la administración del gobierno nacional, regionales y locales. Nos pasamos la vida creyendo que llegamos preparados a cada elección realizada ¿Qué tan cierto es ello?.
Llegamos a cada elección totalmente desarticulados y desinformados sobre la importancia de políticas prioritarias para el desarrollo humano peruano. Nos excusamos aduciendo que la votación ha sido democrática, que el Pueblo ha expresado su voluntad. Así las cosas, volteamos la página hasta la próxima temporada de elecciones.
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En Perú llamamos Vigilancia Ciudadana, Fiscalización Ciudadana a la tendencia de hacer contraloría ciudadana a la gobernanza nacional, regional y local. Lo cierto es que esta contraloría forma parte de una estructura mayor que la Constitución Peruana denomina Participación Ciudadana y está orientada al fortalecimiento de la cultura política de la ciudadanía en particular y a su institucionalidad en general, que les permita incidir o influir sensatamente, positivamente, con conocimiento de causa en las decisiones que adopte un gobierno nacional, regional o local.
Para ello la Constitución y la Ley de Descentralización (2002) y conexas han creado los instrumentos jurídicos para operativizar dicha participación. Es alarmante confirmar el poco interés de los gobernantes nacionales, regionales y provinciales por cumplir y hacer cumplir este mandato de fortalecimiento ciudadano.
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¿Ha escuchado Ud. alguna vez a su candidato, o Partido o Movimiento de su preferencia electoral (ya sean de derechas o izquierdas) hablar o comprometerse con este fortalecimiento ciudadano?.
Para empezar, les preguntaríamos que, de ser elegidos, ¿Implementaría Ud. o su organización ganadora un presupuesto para activar el Plan Regional de Participación Ciudadana?. Es momento de empezar a exigirles su compromiso con esta obligación constitucional. Ya no estamos lejos del próximo proceso electoral. Es igualmente grave pensar que dicha inconstitucionalidad pone como testigos mudos o inertes a instituciones emblemáticas como la UNSCH; Colegios Profesionales; instituciones civiles que tienen como esencia en su misión defender los DDHH; Consejeros Regionales; Municipalidades provinciales; etc.
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Su acostumbrado silencio sobre el tema nos hace creer en la falsa figura que nuestra gobernanza va bien y no necesita urgente rectificación. Aquí no hay filosofía compleja que tengamos que entender. El asunto es simple. Si la Constitución y las leyes vigentes contemplan la obligación de fortalecer ciudadanía, entonces no queda otra que cumplir y hacer cumplir, cada quien desde su trinchera.
Así es el Estado de Derecho pero a muchos grupos les interesa destenderlo. Negarse u obviar aquello significa restarle deliberadamente calidad a un proceso electoral democrático y la calidad representativa de los candidatos y elegidos sería incierta, tal como lo es actualmente.
Esperamos que el Congreso culmine prontamente la nueva legislación electoral a raíz de la reciente restitución de la Cámara de Senadores. Culminar esta nueva legislación 06 meses antes de las próximas elecciones complicaría las cosas.
