Andrés Solari | Palabras de un mudo
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Es común escuchar a muchos gobernantes autoritarios y politiqueros seudo demócratas: “…Esto es así o será así porqué así lo quiere el Pueblo…”. Lo primero que se me ocurre es calificarlo como populismo ligero, barato y abusivo.
Ellos mejor que nadie intuyen que el nivel de cultura política predominante en nuestra población es bastante precario y se aprovechan de ello utilizando otra expresión populista de antaño “…la voz del Pueblo es la voz de Dios…”. Con ello consideran que tienen suficiente licencia para mentir y ¿por qué no, para matar proyectos de vida digna?. Tal como lo vienen haciendo, especialmente con nuestros infantes. De esa debilidad ciudadana o debilidad del Pueblo, se percató el Acuerdo Nacional del 2001 y entre las reformas de descentralización que propuso y logró sean promulgadas en el 2002, se encuentran diferentes normas de fortalecimiento ciudadano y de la institucionalidad civil y pública. Desgraciadamente la negativa de los diferentes gobiernos nacionales y regionales, desde el 2003 sigue siendo terca contra su cumplimiento. Todo ha quedado en el papel y continúa siendo impune.
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Es como una ilegalidad y una anticonstitucionalidad legitimadas por la inconducta de gobernantes de paso y la pasividad de los gobernados que raramente y débilmente reclamamos su cumplimiento. Es una primera pregunta que debemos hacerle a los próximos candidatos a un cargo público: ¿cumplirá Ud. y hará cumplir ese mandato constitucional para el fortalecimiento político ciudadano e institucional?. Por sarcasmo o ironías del destino casi nadie reclama, ni congresistas, ni partidos políticos, ni instituciones defensoras de derechos políticos y derechos humanos, ni gremios públicos ni privados ni la gran mayoría del periodismo, es decir, casi ningún votante en las elecciones habidas tiene en cuenta ese precepto constitucional de fortalecimiento ciudadano como condicionante o requisito.
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Ningún presupuesto público contempla inversión para ello. Los Juzgados Constitucionales creados para atender demandas de agresiones a la Constitución están vacíos de reclamos. En el 2010 hicimos con JORNADA un ligero cálculo de cuánto necesitaría invertir nuestro gobierno regional para promover transparencia pública pedagógica que fortaleza ciudadanía e institucionalidad regional y conciencia política democrática masiva para reducir barbarismos o equivocaciones electorales.
El resultado señaló que no sería necesario más allá del 0.3 % del total presupuestal que el Gobierno peruano anualmente invierte en la región en los múltiples rubros presupuestales. Este nuevo rubro presupuestal se titula Plan Regional de Participación Ciudadana.
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En Ayacucho algunos GRAs habidos han promulgado sus respectivos PRC, pero ninguno de éstos ha sido activado. No se registra ningún reclamo de parte de los partidos y movimientos regionales ni mucho menos del Consejo Regional de turno ni de la Defensoría del Pueblo u otra institucionalidad pública o civil y universidades que tiempo atrás cumplían con una masiva función orientadora académica y de donde salieron los mejores líderes políticos que hayamos tenido, profesionales ellos en una diversidad de profesiones y derivaban a la Política con capacidades y honestidades al servicio de la Patria y la construcción de Nación a toda prueba.
El tema quizás no sea tan popular porque no implica inversión en infraestructura. Este impune incumplimiento anticonstitucional e ilegal es una de las causales que nos hace elegir candidatos incapaces y nada comprometidos con la incidencia política sensata.
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El futuro del país seguirá dependiendo de la calidad de representantes que cada Región elija en el GR, Consejo Regional y Municipalidades y obviamente también en el Congreso. Paralelamente hay una institucionalidad con facultades claves para la incidencia orientada a un buen gobierno. Por ejemplo, la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales – ANGR – quien no utiliza su poder político para incidir en las reformas positivas que trajo la Descentralización, pese a tener facilidades legales para plantear iniciativas legislativas nacionales y el otro brazo es el Consejo de Coordinación Regional – CCR que hasta está considerado legalmente como tercer poder del Estado Regional.
Ambas no actúan dentro de estas facultades descentralistas que la ley espera que actúen. Hay varios temas que cultivar y desarrollar que las cercanas elecciones generales y regionales nos obliga a reflexionar e imponer como requisitos a los próximos candidatos.
No tenemos mucho tiempo para iniciar este proceso democrático educativo que puede durar años para percibirlo cultural y políticamente.
