Andrés Solari | Palabras de un mudo
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A finales del 2002, se promulgó el proceso reformista descentralizador en el Perú. En el 2003 una parte de la ciudadanía ayacuchana, especialmente de la sociedad civil organizada, convocadas por algunas ONGs y la cooperación internacional, comenzó a construir una perspectiva de gobernabilidad regional adaptada a la nueva ley reformista.
Se buscaba definir metas para los años venideros considerando profundos cambios. Ello supone obtener resultados favorables que la novedosa reforma descentralista esperaba. Ello implícitamente mejoraría los objetivos económicos y políticos que aspira toda sociedad.
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Allí están los múltiples talleres provinciales y distritales realizados sobre Presupuesto Participativo; dos de los tres Planes de Desarrollo Regional que hemos tenido desde el 2007; los esfuerzos de la Mesa de Concertación Ayacuchana para que se implemente el tercer Poder del Estado Regional – Consejo de Coordinación Regional -CCR con una oportuna opinión política incidente de las Municipalidades, Planes temáticos sobre Educación, Salud, Medio Ambiente, Derechos de la Mujer, de la Infancia rural y urbana, de la Juventud, además de los Consejos Regionales Temáticos, etc., que esperanzadoramente se comenzaron a crear.
A pesar de las indiferencias políticas y ausencia presupuestal formal de las respectivas administraciones regionales y locales transcurridas, los síntomas de mejoría democrática participativa eran alentadores, pensando que ya creados estos instrumentos que manda la ley, gradualmente, los próximos Ejecutivos y Consejos Regionales los irían implementando o cumpliendo. No ha sido así.
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Digamos referentemente que a partir del 2012 ya se hacían notorios los síntomas de incumplimiento en nuestra gobernabilidad regional. Nunca el tema fue tratado por los candidatos. Deberán hacerlo a partir de las próximas elecciones regionales. A partir del 2025 la sensatez política y democrática de gobernantes y gobernados debe recuperarse. Es un especial y urgente reto social y económico en Ayacucho.
Debe ser una bandera enarbolada por cada organización civil que se precie de honesta y defensora de derechos, lo mismo para quienes deseen ser candidatos.
Para cerrar su balance 2024 autoridades regionales y locales han realizado un carnaval de justificaciones sobre las anomalías administrativas en la aplicación del monto global presupuestal regional. Ellos nunca tienen la culpa. Una de las causales de estas falencias son las improvisaciones personalistas y autoritarias soberbiamente en la elaboración de los presupuestos regionales. Técnicamente ha debido estar la consulta popular legal y organizada.
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El tema corruptivo es un asunto que tratar aparte y detalladamente sin dejar de lado que es uno de los ejes boicoteadores de nuestras esperanzas de desarrollo integral regional propiciando obras poco significativas para el despegue del fortalecimiento económico de Ayacucho. La productividad ayacuchana en el corto y largo plazo es la única forma sostenible de mejorar permanentemente el bienestar y reducir significativamente la pobreza. Parece ser que nuestras autoridades no piensan así.
Por eso es que el financiamiento para la construcción de estadios y otras obras civiles poco significativas les es maliciosamente más rentable. Para eso necesitan una ciudadanía desinformada, debilitada y genuflexa. Los Partidos Políticos y Movimientos Regionales no se pronuncian públicamente, lo que se lee como que quieren continuar con estas y otras falencias anotadas en nuestra gobernanza regional. Nuestros votos por candidatos honestos y capaces o nuestros votos blancos o viciados no deberán permitirlo. Basta de compradazgos.
