La intervención policial se justificó, porque en la época en que se dio, estaban vigentes, como consecuencia del Covid19, una serie de restricciones sanitarias de distanciamiento social, uso de mascarillas y prohibición de reuniones sociales.
Cuando ya la investigación estaba en sede fiscal; Fernández, abogado de profesión y profesor universitario de derecho penal, se presentó sin abogado y en forma voluntaria ante la Justicia, y ofreció pagar la mitad de su sueldo durante cuatro meses a un instituto especializado en el estudio de enfermedades infecciosas.
Al hacerlo, reconoció su falta, pese a que por su formación profesional podía argüir o esgrimir en su defensa, tal como lo dijo el mismo, de que se trató de un “peligro abstracto”, que faltó “antijuricidad material”, o que no hubo “afectación al bien jurídico de la salud pública”, que son categorías técnicas de índole penal, muy debatibles, por cierto.
Las particularidades de este evento, tiene evidentes connotaciones pedagógicas para nuestro medio, en el que políticos, gerentes, funcionarios y trabajadores públicos, han sido sorprendidos e intervenidos en sus propios locales institucionales, consumiendo bebidas alcohólicas y departiendo como si nada pasara y con absoluta transgresión de las restricciones sanitarias vigentes, para luego de ser descubiertos y expuestos a la opinión pública, mentir con cinismo, negar los hechos y utilizar mil subterfugios para quedar exentos de toda responsabilidad.
A todo ello se agrega, la actitud laxa y permisiva de las Autoridades encargadas del control, persecución y castigo de tales conductas, como el Procurador Público de la Municipalidad Provincial de Huamanga, quien frente a los hechos suscitados recientemente en el SAT de Huamanga dice que “…es un tema administrativo, que tendrá que ser investigado por el Órgano de Control Institucional” (Diario Jornada 08-09-2021).
No señores, no es un tema administrativo, es un tema penal; el bien jurídico protegido, no es la administración pública o su correcto funcionamiento; el bien jurídicamente protegido es la salud de las personas, es la salud pública o es la puesta en peligro de tales derechos; en consecuencia, tanto la Policía como el Ministerio Público, son los llamados a intervenir, de oficio y con el rigor y el profesionalismo necesarios.
Ver estas cosas, sentirse impotente frente a ellas, más al tenebroso contexto político en el que supervivimos, nos conduce a una especie de desánimo y pesimismo generalizado y recordamos el hermoso poema “Horas Altas” del destacado escritor mexicano José Emilio Pacheco, cuyos dos últimos párrafos dice:
“Se me ha perdido el mundo
Y no sé cuando
comienza el tiempo
de empezar de nuevo.
Vamos a ciegas en la oscuridad
caminamos a oscuras
en el fuego.”
