Nelson Pereyra | Larga duración
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A inicios de este mes, el Perú se vio envuelto en una controversia diplomática inesperada cuando el presidente colombiano, Gustavo Petro, reclamó soberanía sobre Santa Rosa, una localidad peruana ubicada en una isla del río Amazonas, próxima a la frontera con Colombia. Este reclamo —inexistente desde el punto de vista legal e histórico— se intensificó luego de que el Estado peruano oficializara la creación del distrito de Santa Rosa, con sede en dicha isla.
Aunque Colombia ya venía insinuando soberanía sobre Santa Rosa, la tensión escaló cuando Petro decidió conmemorar el aniversario de la batalla de Boyacá (7 de agosto) en Leticia, puerto colombiano vecino a Santa Rosa. Detrás del reclamo, periodistas han señalado razones políticas internas, como la creciente inestabilidad del gobierno de Petro, la violencia interna y el contexto preelectoral. Sin embargo, la razón de fondo parece ser el desplazamiento del cauce del río Amazonas, que amenaza con dejar a Leticia sin acceso fluvial, comprometiendo su relevancia geopolítica.
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La frontera entre Perú y Colombia fue establecida de manera definitiva en el siglo XX mediante dos tratados internacionales: el Tratado Salomón-Lozano (1922) y el Tratado de Río de Janeiro (1934). Estos acuerdos fijaron la línea limítrofe en el río Putumayo y otorgaron a Colombia acceso al Amazonas a través del Trapecio de Leticia. Asimismo, establecieron que la línea de frontera en el río Amazonas seguiría su canal más profundo, un criterio geográfico naturalmente variable. Sin embargo, también se dejó en claro que la isla Chinería —y por extensión Santa Rosa, que es parte de esta— pertenece al Perú.
En virtud de ambos tratados, Colombia obtuvo acceso a los ríos Amazonas y Putumayo. El Perú, por su parte, cedió el llamado Trapecio de Leticia, pero consolidó su soberanía sobre el territorio de Sucumbíos, un triángulo ubicado al occidente de Loreto, que posteriormente fue entregado a Ecuador mediante el Protocolo de Río de Janeiro de 1942. No obstante, gracias a los tratados de 1922 y 1934, el Perú no solo resolvió de forma definitiva el diferendo limítrofe con Colombia, sino que además logró convertir a este país en un aliado frente a las pretensiones territoriales de Ecuador y a la indiferencia de Chile respecto a la frontera sur. Asimismo, el Estado peruano pudo ejercer soberanía efectiva en la zona, como ocurre hasta hoy en Chinería-Santa Rosa. Tras la firma del tratado definitivo, colonos peruanos se establecieron en la isla y formaron una comunidad con identidad plenamente peruana. Por todo ello, carece de fundamento el reclamo del presidente colombiano, quien afirma que Santa Rosa es un enclave artificial instalado por el Perú para apropiarse de un islote supuestamente situado en territorio colombiano.
Santa Rosa, lejos de ser un asentamiento improvisado, ha estado habitada por población peruana durante más de medio siglo. La reciente distritalización de la zona solo formaliza una soberanía ya ejercida de manera continua y efectiva. Por tanto, es falso —y hasta absurdo— sostener que el Perú intenta usurpar un “islote colombiano”.
La postura del gobierno peruano debe ser clara y firme: no existe ningún diferendo limítrofe pendiente con Colombia. Los tratados están vigentes, las fronteras definidas, y el reclamo de Petro no tiene asidero jurídico ni histórico. Lo que estamos presenciando es una reacción desesperada frente a una realidad geográfica que afecta directamente a Leticia. Como nación, debemos rechazar con contundencia cualquier intento de alterar el statu quo fronterizo.
