Andrés Solari | Palabras de un mudo
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Un lenguaje claro tiene que ver con pensar primero en el lector u oyente: descubrir que quiere saber, que información necesita y ayudarlo a alcanzar sus objetivos e inquietudes. La meta es que pueda entender el mensaje en la primera lectura o escucha.
Uno de los diversos fines de un Estado es garantizar el goce efectivo de derechos y el cumplimiento de deberes de sus ciudadanos e infantes.
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Eso implica que el Estado pueda transmitir o difundir de forma clara y efectiva la información sobre Políticas, proyectos, trámites, servicios e informar transparentemente y pedagógicamente sobre sus acciones a través de un ejercicio permanente de rendición de cuentas orientadora, educadora.
Un Buen Gobierno o Gobierno de Puertas Abiertas (Nacional, Regional, Local) debe considerar a la información pública como una de sus estrategias transversales en el fortalecimiento de la arquitectural institucional estatal y las capacidades técnicas, humanas y de infraestructura física y tecnológica. Esto permitirá contribuir al logro de la equidad social y el mejoramiento de su población, para la paz social.
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En el 2002 la ley de Gobiernos Regionales avizoró esta necesidad como un intento de Reforma Estatal. Como es ya sabido, ningún gobernante ha cumplido con respetar esa temática que por naturaleza demanda una estructura dialogante, participativa.
Para ello utilizan un lenguaje político evasivo y nada claro, premeditadamente confuso para aumentar la confusión y eludir cumplimientos. Queda claro entonces, que gobernantes ni gobernados no estamos cultivando una cultura de participación ciudadana, que ya está legislada desde el 2002.
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Ni el más alto funcionario hasta el más modesto servidor público utilizan una concepción clara en su misión de servir a la ciudadanía y aumentar el capital de confianza que se pueda tener en la administración pública, que reduzcan costos administrativos y financieros y especialmente permita que el ejercicio de derechos ciudadanos sea aportante efectivo y alentador.
Los gobernantes peruanos de todo nivel continúan resistiéndose a destinar presupuestos para entrenar y fortalecer políticamente a la ciudadanía. Los niveles de gobierno encargados de fiscalizar el cumplimiento de esa ley se hacen maliciosamente de la vista gorda. Esta dolencia también se está reflejando en la débil capacidad propositiva y captación honesta que se evidencia en las organizaciones políticas desde hace algunos años.
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Es como un poder invisible que busca cultivar votantes desinformados, desorientados y hasta idiotas en cada acto electoral y/o referéndums que se realizan. No estoy en contra de las consultas populares y actos electorales. Pero es inadmisible concebir democracia si los mecanismos estatales no informan, dialogan ni educan masivamente en política.
Esa deficiencia alienta la mala calidad política de una gran mayoría de candidatos que lamentablemente salen elegidos, simplemente aduciendo que fueron elegidos en forma democrática. Una amenaza latente que agudizará el problema de confusión y desorientación política que estamos viviendo es la reciente noticia de que el Congreso actual está buscando aumentar el número de congresistas de 130 a 237 (entre diputados y senadores) sin mayor debate y publicación de explicación de motivos para ello. La ONU en su Informe sobre Desarrollo Humano 1995 concluyó:
“…A menos que las personas puedan participar de manera significativa en los procesos que norman sus vidas, los caminos al desarrollo humano no serán sostenibles…”.
Con respecto a la diversidad lingüística de nuestros pueblos alejados de sierra y selva recuerdo las frases de alguien quien dijo:
“…Si hablas a una persona en un lenguaje que ella comprende, eso le llegará a su cerebro, si le hablas en su lenguaje nativo, eso le llega al corazón…”
