Lalo Quiroz | El Partero
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El acceso a la educación pública ha sido y es vista –para una gran mayoría— no sólo como un medio para salir de la ‘ignorancia’; sino, sobre todo, como una posibilidad para salir de la pobreza. Dado que, el acceder a dicha educación pública –para los que tendrían la ‘suerte’ de nacer en ‘cuna de oro’, auguraría siempre un futuro más promisorio. A nivel de país, al rol de la educación, se le habría adjudicado fines más nobles: serviría para fomentar el conocimiento en favor del desarrollo del propio país. Tal vez, por todo ello, nos suene a lo lejos eso de que la ‘educación es un derecho’. Sin embargo, con el ascenso del neoliberalismo –y bajo su manto de libre mercado, la oferta y la demanda, y todo lo demás—, muchos de los que se consideraban derechos de un ciudadano se convertirían en ‘servicios’; es por ello que, el derecho a la educación se convertiría en el servicio de la educación. Y en esa lógica se asumiría que, así como hay productos, también hay servicios de ‘buena calidad’ y servicios de ‘mala calidad’; quedando normalizado que lo servicios de ‘buena calidad’ cuestan y los servicios de ‘mala calidad’, pues, no cuestan. Es decir, la educación ya no sería única y un derecho; sino, se convertiría en un servicio y categorizada.
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Si bien ha existido, al menos desde inicios de la República, ciertos colegios y universidades que han acogido preponderantemente a los que ocuparían los puestos más altos en todas las esferas sociales y los que serían los futuros manejadores del país; esos contendores de escudos ilustres y de fines nobles en favor del conocimiento, en la transición del derecho al servicio de la educación, se convertirían o darían paso directamente a las empresas de la educación.
El fallecido Papa Francisco, hablaba de la ‘cultura del descarte’ como «una cultura de exclusión, de todo aquel y aquello que no esté en capacidad de producir según los términos que el liberalismo económico exagerado ha instaurado»; haciendo incidencia en una cultura que, se ha establecido sobre la base de criterios utilitarios y funcionales, arraigada en una sociedad que prioriza el beneficio económico y el individualismo, donde se promueve las injusticias y desigualdades y «donde nos dejamos guiar principalmente por la lógica del beneficio, la eficiencia o el éxito». Sin embargo, son en estas lógicas sobre las que se apoyan los comerciantes de la educación y, precisamente, en el deseo de miles de personas que luchan por no quedar excluidas; y la inclusión sólo será a través del acceso al ‘servicio’ educativo, sea de ‘buena’ o ‘mala’ calidad, y del pasaporte: el título. Así, muchas empresas de la educación –privadas o públicas—, ofrecerán ‘servicios’ educativos tipo ‘comida rápida’; con ofertas de maestrías y doctorados express; avalados por trabajos de investigación, sin el más mínimo rigor académico –con formatos estandarizados, casi ‘copia y pega’— y sin mayor relevancia o trascendencia para el conocimiento. Al final, profesionales no sólo carentes de un conocimiento concienzudo y pensamiento crítico; sino, sobre todo, carentes de toda ética profesional.
Hace algunos años, Teodosio Olarte, mi maestro de Historia del Arte en la ex ENSABAP, me preguntaría: ¿sabes cómo podemos darnos cuenta del giro errático de la educación en las últimas décadas?; me respondería: ahora, las cárceles, no sólo están pobladas de delincuentes que nunca tuvieron acceso a la educación; sino, de aquellos ‘ilustrados’ que sí la tuvieron: economistas, abogados, ingenieros, médicos y demás. Simplemente, brillante y revelador.
