Porque llevamos más de 200 años sumidos en una epidemia que aún no logramos erradicar, como es la corrupción, que se ha enraizado tan profundamente en nuestra sociedad que lo encontramos en nuestra vida diaria.
Desde los simples actos para evitar hacer una cola, lograr ser contratado en una entidad pública, valernos de la influencias para conseguir beneficios que no nos corresponde hasta coludirnos con los proveedores para la contratación del Estado e hipotecar el país con malas negociaciones que nuestros hijos tendrán que pagar, la corrupción impide que el país sea eficiente que podamos llegar con menos a más y que atendamos las necesidades de la población, por esas desviaciones dolosas, que hace que los fondos públicos y las buenas intenciones terminen en los bolsillos de la burocracia y los malos gobernantes.
Y otra vez, ello se hace plausible con la adquisición de las dosis de la vacuna contra el Covid-19, desde la etapa de negociación, donde las comisiones designadas no entendieron la naturaleza de lo que se está comprando, no se trata de un simple producto, sino que detrás de la vacuna existe un activo intangible como es la propiedad intelectual que subyace y que por tanto, debe incluirse en el contrato, cláusulas de transferencia tecnológica y propiedad intelectual.
También está el problema de la dependencia tecnológica, si el SARS-CoV-2, se ha convertido en una enfermedad endémica como anunciaba la OMS, eso va significar que la anualmente toda la población tenga que ser vacunada contra la nueva cepa o variantes que vayan surgiendo, como actualmente sucede con la influenza y otras enfermedades. Por tanto, ir negociando las dosis para los próximos años, con quienes nos ofrezcan no solo seguridad y eficacia sino también mejores condiciones. Por lo que, el gobierno deberá decidir entre contratar con una empresa a largo plazo la provisión de la vacuna y sus actualizaciones o negociar con una empresa cada año,
Ambas circunstancias tienen su pro y contra, la primera permite una continuidad en la provisión pero una dependencia tecnológica a la vacuna de un solo proveedor y la segunda ver interrumpido el calendario de vacunación por el ineficiente proceso de contratación del Estado y el riesgo que ocurra lo mismo que con las ropas de abrigo para el invierno de las familias vulnerables, que llegan cuando ya paso el friaje es decir en verano.
Otro asunto a resolver es la centralización de la producción de las vacunas, con una demanda emergente y todos los países del globo peleándose por ser atendidos, las empresas farmacéuticas tendrán que licenciar el compuesto activo de la vacuna para ser fabricado de forma desconcentrada en cada región, en los países que tengan capacidad instalada para producirla y desde luego esos países estarán en mejores condiciones de negociar el abastecimiento y precio.
Por ello, no debemos pensar en la vacuna como un mero producto que se agota con la administración de la dosis, sino que debemos sentarnos a negociar pensando en el largo plazo e incluir la posibilidad de licencia no exclusivas para permitir su producción en laboratorios a nivel nacional. Incluso, el Estado puede recurrir en supuestos especiales a las llamadas licencias obligatorias o compulsivas contra los titulares de las vacunas.
Por último, no puede dejar de hablar de la vacuna peruana de Farvet en cooperación con la Universidad Cayetano Heredia, aun cuando el pecho se nos infle de orgullo, al hablar de un I+D como el proyecto de vacuna made in Perú, la verdad es que los 350 mil soles desembolsados por el Concytec a favor de la empresa para el desarrollo de una vacuna recombinante contra el Covid-19 son insuficientes, pero tienen que llegar a un resultado y el Poder Ejecutivo que administra el erario público, debe obtener muestras claras de su progreso y cumplimiento de la regulación sanitaria para seguir apoyando esta iniciativa de manera decidida.
