Decir la verdad, es un principio ético fundamental, que todo periodista debe tener presente al momento de informar. Pero con las nuevas medidas que está proponiendo el gobierno de Dina Boluarte y que ha sido aprobado en la Comisión de Justicia del congreso, decir la verdad puede resultar doblemente peligroso.
El trabajo de informar, de acuerdo al proyecto presentado por el ejecutivo, convierte el trabajo de los periodistas en un acto criminal, si informa que los ciudadanos van a realizar un paro, una movilización o si “van a tomar Lima” frase que reemplaza a las “marchas de sacrificio” del siglo pasado.
Más grave, será si el periodista, cumpliendo con su trabajo, informa de estas movilizaciones, paros o huelgas, y de la forma como son reprimidas por las fuerzas del orden. Ya hubo un intento de obligar a los periodistas de mantenerse lejos de los manifestantes, y se han dado agresiones contra periodistas, pese a que portaban distintivos que los acreditaban como hombres de prensa.
Peor será el delito, si en simultáneo, horas después o al día siguiente de la protesta social, da cuenta del hecho, con textos, imágenes y otros recursos periodísticos, ya que, de acuerdo a las intensiones del gobierno, esto será considerado un delito de instigación, con penas que pueden ir de seis a veinte años de cárcel. Y si en las manifestaciones hay muertos, no interesa si son civiles o no, la pena puede ser hasta de 30 años.
Los periodistas deben, en esta situación, optar por decir la verdad o callar o sólo informar lo convenga al gobierno de la señora Dina Boluarte y del señor Alberto Otárola. Quien diga lo contrario puede terminar en las mazmorras de la dictadura.
No esperar que el Colegio de Periodistas del Perú, por lo menos que la actual dirigencia nacional o la lista que avala el decano en ejercicio, salga en defensa de los periodistas que sean reprimidos.
Ya han demostrado su sumisión al poder frente al proyecto de ley, que fue aprobado por congresistas de la alianza espuria de Fuerza Popular y la derecha peruana con Perú Libre y la Bancada Magisterial en la Comisión de Justicia. Catorce votos a favor y sólo 4 en contra.
Los periodistas y sus gremios, como la ANP, la única que ha salido en defensa del ejercicio de la profesión del periodista, tienen que estar preparados para esta arremetida de un gobierno que cada vez asume una posición más autoritaria. Basta recordar las frases tanto de la presidente como del presidente del consejo de ministros, que señalan que “no les temblará la mano”.
