Que como la desaparecida Asamblea Nacional de Rectores – ANR, quieren convertir a la SUNEDU en una repartija de cargos donde los representantes de las universidades que se deben más a la recomendación que a sus méritos, van a desensamblar el sistema desde adentro.
Debilitando la supervisión técnica de la calidad educativa universitaria que debe garantizar, para lograr que una vez más la cantidad educativa sea el indicador que prime en el mercado de la educación superior en reemplazo de la calidad que tanto nos ha costado levantar.
Para hablar de calidad se requiere establecer estándares mínimos objetivos a los que todas universidades se deben sujetar para obtener el licenciamiento, que es lo que la SUNEDU ha venido construyendo los últimos años.
Desde luego esos estándares van contra los intereses económicos de quienes ven en la educación un negocio rentable que están dispuesto a vender al mejor costo y por tanto, le es incómodo no poder controlarlos.
Porque la valla ha sido puesta tan alta que es infranqueable para las universidades de fachada o de títulos que valen menos que el cartón donde están impresos.
Todo lo cual es resultado de los excesos del libre mercado, que ve a la educación como un producto que puedo segmentar de acuerdo a los clientes y al alcance de todos los bolsillos pero restándole calidad.
Sin tener en cuenta que el derecho a la educación, implica una educación digna mínima viable para todos los educandos que no se puede mejorar o desmejorar en función de la rentabilidad económica que ofrecen sus consumidores.
Como decíamos en una columna anterior, si al mercado le permitimos sin regulación que nos ofrezca productos sin parámetros de idoneidad, donde se establezca cual es el producto mínimo viable ofertable en el mercado, nos va brindar múltiples opciones de productos, algunos incluso infringiendo la dignidad del consumidor que tiene derecho a recibir un bien o servicio idóneo.
Los bienes incompletos como se puede denominar a esta falla de mercado donde se desnaturaliza la idoneidad del producto por obtener la rentabilidad esperada por el productor, sin tener en cuenta el mínimo estándar regulado que evite que el bien o servicio no cumpla con la naturaleza para el que fue creado.
Por ejemplo, debemos atender a cuál es la finalidad del servicio educativo universitario, la cual debe ser definida en la Ley (regulación) y no por el mercado (ofertantes y demandante) de tal forma que las ofertas educativas estén alineadas a ese fin y no se permitan servicios educativos que contravenga esa regulación, porque serían calificados como no idóneos y por ende carecerían de dignidad propio del derecho fundamental a la educación, en consecuencia contrario a la Constitución.
