Mario Zenitagoya | Otra Mirada
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En cada rincón del mundo, hay personas que no se rinden, que luchan con valentía por un ideal: un mundo donde los derechos son respetados y la dignidad es un principio inquebrantable (Amnistía Internacional)
El Congreso peruano aprobó una ley que concede amnistía a militares, policías y miembros de comités de autodefensa procesados o sentenciados por violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado que azotó al país entre 1980 y 2000.
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En Perú, se ha aprobado una ley de amnistía que beneficia a militares y policías, así como a civiles organizados en comités de autodefensa, que participaron en la lucha contrasubversiva durante el conflicto armado interno. Esta ley, aprobada en segunda votación por el Congreso peruano, extingue las acciones penales y sanciones impuestas por delitos relacionados con dicha lucha, pero no afecta la responsabilidad civil ni los derechos de las víctimas. La ley ha generado controversia, con organizaciones de derechos humanos como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresando su rechazo, argumentando que la impunidad no debe ser tolerada y que la ley podría dejar impunes casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas.
El inefables (radical vanguardista revolucionario tiempo atrás) Fernando Rospigliosi fue el mentor -según los medios de comunicación- de que se concrete esta ley. El aludido durante el gobierno de Alberto Fujimori, se mostró como un fuerte opositor a la dictadura y era crítico de Keiko Fujimori y de Vladimiro Montesinos. Sin embargo, Rospigliosi comenzó a mostrar su acercamiento al fujimorismo(sic).
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En este escenario debe considerarse el Informe de Human Rights Watch sobre Perú: el 2024 estuvo dominado por la impunidad y una democracia debilitada
Documento de HRW señala que el Congreso aprobó numerosas leyes que perjudicaron el Estado de derecho, la lucha contra la corrupción y la delincuencia en nuestro país, resultando la ciudadanía la más afectada. Recalca que la presidenta Dina Boluarte promulgó o no objetó dichas normas.
El 2024 ha sido un año difícil para la democracia y el Estado de derecho en Perú, así lo retrató Human Rights Watch (HRW) en el capítulo sobre nuestro país que incluye su informe presentado a nivel mundial.
“El Congreso del Perú aprobó leyes y adoptó otras decisiones que socavaron la independencia judicial, debilitaron instituciones democráticas y obstaculizaron las investigaciones sobre crimen organizado, corrupción y violaciones de derechos humanos”, resume el primer párrafo del documento.
Y acto seguido recalca que “la presidenta Dina Boluarte hizo poco o nada por detener los ataques del Congreso a la democracia y el Estado de derecho”.
Es más, indica que el Ejecutivo también implementó políticas “que contribuyeron a la erosión de las normas democráticas, incluyendo esfuerzos por reprimir protestas y un creciente desprecio por la independencia judicial”.
En el caso de la corrupción, HRW remarca que cinco expresidentes han sido acusados por delitos conexos. Se trata del condenado en primera instancia Alejandro Toledo; los procesados Pedro Pablo Kuczynski y Ollanta Humala; y los fallecidos Alan García y Alberto Fujimori.
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Y el Congreso no se queda atrás, pues el informe remarca que a mayo del año pasado, 67 de los 130 parlamentarios estaban siendo investigados penalmente por corrupción y otros delitos, según la base de datos del Ministerio Público, hecha pública en varios medios de comunicación.
Y como respuesta, el Legislativo se lanzó en una carrera por aprobar leyes que los favorecieran: en diciembre de 2023 aprobó por insistencia la modificación a la Ley de Colaboración Eficaz, reduciendo drásticamente el plazo para que los fiscales corroboren las declaraciones de un colaborador, dificultando el uso de esta herramienta.
Uno de los puntos claves que afecta las investigaciones y procesos contra las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000, es la ley que aprobó el Congreso para establecer la prescripción de los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos antes de 2003.
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HRW expone que la inseguridad es una de las principales preocupaciones de los peruanos pues el número de homicidios superó el total de homicidios y de extorsiones se multiplicaron.
Expertos en seguridad indicaron que los estados de emergencia decretados por la presidenta Boluarte como respuesta a la inseguridad han sido ineficaces para combatir al crimen.
