Mario Zenitagoya | Otra Mirada
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“Un derecho no es algo que alguien te da; es algo que nadie te puede quitar” (Ramsey Clark)
Una Importante agenda relacionada a la defensa de los derechos humanos ha sido elaborada con la participación de diversas organizaciones sociales y de la sociedad civil. Destacando la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), como impulsora del proceso; la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP); la Confederación Nacional Agraria (CNA); la Red Muqui; organizaciones feministas; gremios laborales; colectivos juveniles; así como iglesias y organizaciones basadas en la fe, entre otras. Todas ellas articuladas en redes y coaliciones de alcance local, regional y nacional.
Más de 150 organizaciones, representativas de las 25 regiones de nuestro país, han hecho sus aportes directamente, atendiendo la convocatoria para la construcción de un consenso por los derechos humanos.
Se enfatiza crisis democrática y precarización del acceso a derechos en el Perú, hay una crisis global de la democracia liberal y de las instituciones surgidas en la posguerra, que la sostenían. El reemplazo de la diplomacia y del multilateralismo por el imperio de la Ley del más Fuerte deja a los pueblos a merced de las grandes potencias confrontadas. América Latina, dada la política de seguridad del gobierno de Trump, se encuentra en situación de alto riesgo en su derecho al autogobierno. La fase actual del capitalismo, financiero y extractivista, nos lleva a una crisis climática sin precedentes y con graves consecuencias para la vida.
En Perú, se vive un largo proceso de precarización de la institucionalidad democrática con la acumulación de poder en el parlamento a través de una modificación profunda de la constitución contra la voluntad popular, el control de instituciones autónomas (JNJ, TC, DP, entre otras) y el fin del equilibrio de poderes, configurándose un autoritarismo parlamentario. La situación actual se caracteriza por la existencia de un pacto de impunidad basado en una coalición autoritaria y poderosa de actores políticos de un espectro diverso de tendencias, que coinciden en su necesidad de burlar la justicia para asegurar su impunidad. Incluyen en esta lógica a las fuerzas del orden, con quienes mantienen una relación en base a prebendas, manteniendo su cuota de poder a través del uso excesivo de la fuerza para reprimir la acción ciudadana. Esta práctica, que no es nueva, se conecta con las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes del orden durante el Conflicto Armado Interno, que ahora se busca dejar impunes.
Se lleva adelante una estrategia de reducción del espacio cívico y confrontación con el Sistema Interamericano de DDHH. El gobierno ignora resoluciones de la Comisión y de la Corte Interamericana contrarias a las leyes que promueven la impunidad, a la par que implementa una persecución de la prensa crítica, buscando frenar la acción independiente de organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos, dictando normas, como la Ley APCI, que buscan amedrentarlas. Desde el pacto de gobierno también se busca reducir la capacidad de investigación del Ministerio Público, hostigar a jueces probos y bloquear pesquisas en curso, usando prerrogativas como antejuicios o reducir los plazos para la prescripción de delitos. Estas acciones impactan colateralmente en el combate al crimen organizado y las economías ilegales y agravan los riesgos de inseguridad. La coalición en el poder busca perpetuarse, existiendo un riesgo de precarización de la autonomía de los organismos electorales (JNE, ONPE, RENIEC) creando condiciones para un proceso electoral nacional, regional y local amarrado a sus intereses. En esta estrategia se combinan herramientas de presión, incluidas las sanciones políticas a adversarios.
Simultáneamente se debilita la capacidad de la Administración Pública de hacer cumplir el Estado de Derecho. Existen ámbitos de la economía y del territorio en los que no hay “imperio de la ley”, con la consecuente consolidación de la informalidad y el crecimiento de economías ilegales[1]. Vivimos un proceso de múltiples capturas del Estado, por grandes intereses, legales e ilegales, facilitado por la corrupción generalizada en espacios de gestión pública como de la administración de justicia, que afecta principalmente a las personas vulnerables.
La lógica extractivista, legal e ilegal, está degradando el ambiente, contaminando recursos hídricos, precarizando ecosistemas frágiles y reduciendo el área de bosque en la Amazonía. Esta depredación, a la par que la actividad ilegal, ocurren con el aval del Estado, por complicidad o por desidia. La criminalización de la protesta y el avance del sicariato impactan directamente en la seguridad de la población, poniendo en riesgo la vida de los defensores indígenas originarios del ambiente y el territorio en la Amazonía, así como de los defensores de derechos humanos en general y periodistas críticos.
Se debe impulsar la construcción de una democracia paritaria e intercultural, restablecer el Equilibrio de Poderes, afirmar el derecho de la vigilancia ciudadana y la fiscalización de las principales autoridades y gestiones nacional, regional y localmente. Hacer de la rendición de cuentas una obligación de la gestión pública que prevalezca la Justicia, Seguridad y Memoria.
