Nelson Pereyra | Larga duración
[email protected]
El asesinato del cantante de cumbia Paul Flores ha conmocionado al país. Este hecho se suma a la creciente ola de violencia causada por el sicariato y el crimen organizado. Solo en enero de este año, se registraron aproximadamente 193 homicidios, y hasta el momento, la cifra debe estar bordeando las 500 víctimas. Lima y Trujillo son las principales ciudades asediadas por esta crisis de seguridad.
https://jornada.com.pe/wp-content/uploads/2025/11/02-10-San-Martin-vencio-a-Rebaza-Acosta-por-la-Liga-de-Voley.webpsin-firma-no-hay-constitucion-opinion/
A los asesinatos se agrega la extorsión a grandes y pequeños negocios, incluyendo orquestas musicales, colegios privados y pequeñas bodegas o panaderías. En lo que va del año, alrededor de 450 colegios privados han sido extorsionados (El Comercio, 16/03/2025). Algunos han optado por programar clases virtuales; otros, lamentablemente, han tenido que cerrar sus puertas.
La ciudadanía se siente insegura y aterrorizada. La opinión pública exige medidas contundentes contra el sicariato y la delincuencia. Sin embargo, el gobierno, atrapado en una disputa política con la oposición sobre el futuro del ministro del Interior, se limita a declarar el estado de emergencia, delegando la responsabilidad a las Fuerzas Armadas en lugar de implementar una estrategia integral que frene la violencia, sancione a los culpables y garantice la seguridad de los peruanos.
https://jornada.com.pe/wp-content/uploads/2025/11/02-10-San-Martin-vencio-a-Rebaza-Acosta-por-la-Liga-de-Voley.webpviviendo-en-la-absoluta-precariedad-opinion/
Los asesinatos diarios evocan el recuerdo de la violencia de los años 80. Sin embargo, existen diferencias fundamentales entre Sendero Luminoso y el crimen organizado. Mientras que el primero atentaba con fines políticos relacionados con la toma del poder, el segundo busca el enriquecimiento ilícito a costa de sus víctimas. Ante esta crisis, un sector de la población cree en medidas extremas, como el restablecimiento de la pena de muerte.
No obstante, considero que la pena de muerte no resolverá el problema. No solo porque su implementación requeriría un largo proceso que incluye la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos y la reforma de la Constitución, sino porque esta drástica sanción no reducirá automáticamente el accionar de una criminalidad transnacional bien equipada y organizada. La solución, en cambio, debe partir de una estrategia integral que contemple la creación de un equipo de inteligencia para infiltrar las bandas, así como el fortalecimiento del equipamiento policial para que actúe con mayor eficacia. Esta estrategia también debe involucrar al Congreso, al Poder Judicial y al Ministerio Público, con el objetivo de desarrollar y aplicar normativas adecuadas para la persecución y sanción del delito.
Un primer paso en este sentido sería la derogación de normas controversiales como la Ley 32180, que redefine el concepto de organización criminal a delitos con penas mayores a seis años. Esta norma, promulgada irresponsablemente por el actual Legislativo, ha incentivado la extorsión y el crimen organizado.
https://jornada.com.pe/wp-content/uploads/2025/11/02-10-San-Martin-vencio-a-Rebaza-Acosta-por-la-Liga-de-Voley.webpee-uu-usaid-y-el-progresismo-opinion/
Mientras el país se desangra, el Congreso, el Ejecutivo y la oposición siguen debatiendo el futuro del ministro del Interior. La salida de Santivañez no solucionará el problema si no viene acompañada de la estrategia integral mencionada. Sin embargo, su destitución representaría un gesto político significativo, dado que desde su nombramiento no ha implementado medidas concretas en seguridad ciudadana. Por el contrario, se ha visto envuelto en denuncias por abuso de autoridad, corrupción y soborno. Su destitución debió haberse dado hace tiempo. Ahora, su remoción podría ser una acción audaz de una presidenta interesada en abordar la crisis de seguridad. No obstante, para que esto ocurra, es imprescindible el nombramiento de un profesional competente que siente las bases para una solución real. Lamentablemente, poco se puede esperar de un gobierno ineficiente que parece más preocupado por contener su constante desprestigio que por resolver los problemas del país.
En estos días de duelo, en los que los familiares de las víctimas lloran a sus seres queridos y los amantes de la cumbia lamentan la partida de Paul Flores, el gobierno tiene la oportunidad de mostrar solidaridad y empatía. Ojalá lo haga.
