Uno de esos personajes fue el entonces Presidente de la Republica en 1879, el General Manuel Ignacio Prado Ochoa, que según el libro titulado el Expediente Prado escrita por Víctor Andrés García Belaunde, su viaje repentino en plena guerra para conseguir armamento y equipamiento militar fue un pretexto para evitar poner en peligro sus intereses económicos en Chile, donde poseía minas de carbón, en la región del Bío Bío, Provincia de Arauco. Carbón que era utilizado para proveer a la armada Chilena que atacaba las costas del Perú.
Asimismo, autores de la época como Riva-Agüero afirma que el origen de la fortuna de Prado, se remontan a actos de corrupción como la adquisición sobrevaluada de los monitores Atahualpa y Manco Cápac, que luego fueron utilizadas en la defensa marítima, pero que debido a su obsolescencia no fueron rival para los navíos del enemigo.
Este personaje no volvería al Perú hasta julio de 1886, y aprovechando la falta de memoria histórica que siempre hemos adolecido, fue incluso elegido presidente de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, Vencedores el 2 de Mayo de 1866 y Defensores Calificados de la Patria.
Y pese a estos hechos que sucumbieron a la naciente República en una crisis económica, social y moral, 60 años después volvimos a elegir a su hijo Manuel Prado Urgateche como Presidente de la Republica.
Este Presidente que contaba con el apoyo militar del oficialismo de derecha del General Oscar R. Benavides y el poder económico del imperio Prado dueños del Banco Popular y otras empresas, lograron que en dos ocasiones llegará a la presidencia.
Pero su gobierno se caracterizó por un continuismo en materia social y económica, aun cuando logramos vencer en el conflicto militar con Ecuador y firmamos el protocolo de Rio de Janeiro, que definió la frontera con ese país, fue poco o nada, lo que se hizo en materia de igualdad y justicia social.
El problema del indio y la tierra no fueron abordados mediante una reforma que garantizara su incorporación como ciudadanos y ni la redistribución agraria, por el contrario el programa político y económico se mantuvo acorde a los intereses de la aristocracia latifundista de esos años.
Esa desidia y postergación de las grandes reformas y transformaciones que el Perú requería en el siglo XX, desencadenarían unas décadas después el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, porque era algo insostenible las condiciones de explotación y servilismo feudal a la que estaban sometidos los indios por los hacendados.
Entonces, si no somos capaces de ver nuestro pasado, como lecciones para el futuro, muy difícilmente podremos enfrentar los grandes retos de nuestro tiempo, y seremos juzgados por las próximas generaciones por la miopía histórica que endémicamente padecemos los peruanos.
Por tanto, en este estado de cosas solo una cuestión queda clara, que para salvar a nuestro país, no podemos repetir lo sucedido ni confiar en partidos políticas que han demostrado que están contaminados con el germen de la corrupción y que han sido engendrados en el vientre del autoritarismo.
